La rectificación judicial que solicitó la Consejería de Economía y Políticas Sociales en cuanto a medidas sanitarias ha sido denegada por el juzgado al concluir que hay normas que afectan algunos derechos fundamentales de la ciudadanía.
Las medidas sanitarias que solicitó la Ciudad Autónoma como la autorización previa de reunión en lugares públicos o la limitación de horarios, así como a las medidas establecidas en centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, han sido rechazadas por el Juzgado de Primera Instancia de Melilla.
El juez decano, Fernando Germán Portillo ha aclarado que no hay una suficiente justificación para llevar a cabo estas normas a las que ha denominado como “extremas”.Los motivos de la denegación son la falta de un requisito de urgencia, al igual que tampoco garantiza la salud pública.
Asimismo, el juez decano ha afirmado que estas medidas sanitarias se hubiesen implementado en caso de un Estado de Alarma “parcial”.Ante esto, en la resolución judicial se concreta que no se pueden prorrogar las medidas restrictivas ya que el Estado de Alarma había concluido a finales del mes de junio.Asimismo, el juez asevera que entiende que esto pueda crear incertidumbre entre la población, pero afirma que hay un déficit en la legislación actual y que esta no es concreta para llevar a cabo ciertas medidas.
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