Según el auto al que ha accedido Popular Televisión Melilla, la organización habría configurado todo un entrado delictivo para alcanzar el gobierno de la ciudad corrompiendo, indica, las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023. Durante los años de mandato se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal, -como así los define el auto-, mediante la adjudicación de contratación menor y de distintos programas de subvenciones.
El documento determina que al frente de la citada organización se encontraría, como líder de CPM, Mustafa Aberchan, “el liderazgo de este es notorio, público y acreditado”, asevera.
Destaca el escrito que tanto el yerno de Aberchán como el hermano de este familiar, habrían sido receptores de más de un millón de euros en contratación menor en los últimos cuatro años. Se le atribuye al cepemista, asimismo, que dirigía la contratación fraudulenta y que ejercía tráfico de influencias.
En el mencionado auto se recoge una relación de declaraciones y denuncias que se remontan al año 2011 que según el texto, sirven para demostrar que de no quedar privado de libertad, Aberchan podría destruir fuentes de pruebas mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados, y añade que forma parte de la estructura de una organización criminal “que hace valer la violencia y la intimidación cuando ha sido necesario para la consecución de sus fines”.
La actuación de esta organización criminal como tal, continúa el auto, se refuerza por la participación en la misma de “personas de carácter violento con múltiples antecedentes policiales y por la integración de partidarios en las instituciones, propio de las organizaciones criminales”.
La jueza considera que existen indicios de riesgo de fuga por la gravedad de los hechos señalados, así como que “si bien es cierto que ostenta la nacionalidad y arraigo en el país, también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera”. La titular del Juzgado Instrucción Nº2 añade en su escrito que “la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas restrictivas”.
Asimismo, resulta de interés, que el mencionado auto recoge que tanto en los registros efectuados en mayo como en los del pasado 5 de marzo, se produjeron filtraciones que salieron de los propios integrantes de la Policía Nacional, según informa la propia unidad actuante, por lo que contarían, según el documento, en el seno de la institución con adeptos que incumpliendo sus obligaciones informando a los integrantes de la organización de las actuaciones policiales.
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