Desde el Partido Popular denuncian posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales con respecto al contrato de emergencia que se realizó el pasado mes de septiembre del 2019 para el servicio de Grúa. En primer lugar, denuncia la popular la deuda de más de 4 millones que la administración tiene con el anterior adjudicatario que sigue manteniendo coches y pasando facturas a la CAM. Velázquez, también, asegura que el contrato de emergencia es ilegal porque la cuantía económica no se especifica, no se le da publicidad al contrato y, además. Concurren dos empresas diferentes.
También denuncia que haya facturas antes de la firma del contrato. Lo más grave para la popular es que, ese contrato de emergencia, según estipulaba su redacción, debería haber finalizado al mes de estar en vigor y no haber seguido facturando dichas empresas durante más de un año, como ha pasado.
El Partido Popular está terminado de recopilar toda la información y enviarlo al Tribunal de Cuentas para su investigación.
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