La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla pide a la consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández De Castro, que se avance con celeridad, para que los tribunales ya nombrados desde el mes de julio establezcan un calendario de actuación efectivo para las distintas categorías que toman parte en el Concurso de Méritos y Concurso Oposición.
De esta manera, esta misma Plataforma recuerda que en la Ciudad Autónoma hay cerca de 200 empleados públicos afectados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de ‘Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en las Administraciones Públicas’. De este modo, señalan que son empleados públicos que llevan entre 10 y 40 años «ocupando puestos estructurales en abuso de la temporalidad, trabajadores a los que hay que dar una regulación de acuerdo a la Ley», señalan desde la plataforma.
«La urgencia de dar celeridad al proceso se debe a que no todas las plazas afectadas por la Ley están ofertadas, lo que implicaría que pudiera haber empleados públicos interinos de larga duración que ocupan puestos estructurales que al finalizar estos procesos pudieran ser cesados», explican desde la Plataforma a través de un comunicado.
El nuevo Real Decreto 5/2023 establece que hasta el 31 de Diciembre de 2023 la Administración puede ofertar una segunda estabilización de las plazas que ocupan los empleados públicos interinos de larga duración que pudieran ser cesados en los actuales procesos.
De este modo, la Plataforma de Interinos de la CAM señalan que «por ello, y dado que este asunto debe ser una prioridad para el ejecutivo, solicitamos a la Administración dar celeridad al proceso de estabilización para dar estabilidad efectiva a los trabajadores públicos. El principio de celeridad impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la Unidad Administrativa encargada, que debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar toda anormalidad o retraso».
Asimismo, la Plataforma recuerda que este problema de abuso de la temporalidad en el empleo público afecta a un colectivo promedio mayor de 50 años, en su mayoría mujeres, que en su día superaron los correspondientes procesos selectivos y que llevan décadas ejerciendo su trabajo con «empeño y dedicación cumpliendo con los parámetros de acceso de igualdad, mérito y capacidad».
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