Según ha informado la agencia EFE y otros medios de comunicación nacionales, la Fiscalía Anticorrupción asumirá la investigación sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla de este 28 de mayo, después de que así lo haya decretado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según el decreto, un atestado de la Policía Nacional puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla “la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones”, tratándose de una “operación delictiva” que dio comienzo el 4 de abril con la convocatoria de los comicios.
En concreto, las investigaciones que ha realizado la Policía ponen de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.
El escrito de la Fiscalía General del Estado apunta que la operación delictiva «habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, personas afines o relacionadas con el partido político Coalición por Melilla», según refleja el escrito.
Hoy se ha sabido, a través de un comunicado de Correos, que cerca del 50% de las 11.707 solicitudes de voto por Correo para Melilla han sido emitidas y aceptadas, es decir 5.814 votos. Esto significa que la otra mitad que pidió el sufragio (5.893) no podrán ir a votar a las urnas este próximo domingo.
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