El Equipo HALCÓN de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla tiene entre las misiones asignadas con objeto de garantizar la seguridad pública, las del control de aeronaves no tripuladas pilotadas por control remoto que sobrevuelan el espacio aéreo.
En el desarrollo de su misión, en la tarde de este jueves, sobre las 17´30 horas, el dispositivo AEROSCOPE MOBILE con el que cuentan los Equipos Halcón para supervisar el espacio aéreo detectó la presencia de un dron, sobrevolando las inmediaciones del puerto a una altura que oscilaba entre los 40 y 100 metros de altura, para acto seguido introducirse en la Estación Marítima y la zona de seguridad del puerto y su aérea restringida, además de otras públicas transitadas por ciudadanos.
Dicha aeronave no contaba con permiso ni autorización para sobrevolar la zona, ni el preceptivo plan de vuelo – NOTAM -, que emite la dirección de la Torre de Control del Aeropuerto, organismo que supervisa el espacio aéreo – CECOA – se procedió a su interceptación mediante la inhibición de su frecuencia de vuelo, con “la pistola inhibidora de frecuencia”, con la que cuentan los Equipos HALCÓN, que permite bajarlo y neutralizarlo.
Localizados e identificados los operarios de dicho dron, se comprobó que además de carecer de las preceptivas autorizaciones, no contaban con la habilitación necesaria para su manejo, ni con el Seguro de Responsabilidad Civil que se les exige para su operatividad, procediéndose a formular denuncia ante la AESA –Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
La Guardia Civil quiere poner en conocimiento de los ciudadanos, que la compra y posterior manejo de un dron, como aeronave no tripulada, requiere de una habilitación previa y el cumplimiento de la amplia legislación que contempla esta materia, que regula ámbitos que afectan a la seguridad aérea o la intimidad de las personas, entre otras.
Caso de no cumplir con esos requisitos de habilitación o de incumplir las directrices de la normativa que regula la seguridad aérea, se les podría imponer sanciones que pueden oscilar desde 100 euros hasta otras muy cuantiosas cifradas en miles de euros, si se diese el caso de perjudicar la seguridad y ruta aérea de un avión comercial.
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