SATE-STES Melilla cree que «se queda corto» el número de plazas que pueden ser susceptibles de estabilizarse dentro del ámbito educativo. Hace dos días, miembros del sindicato se reunieron con la Dirección Provincial para hablar de la situación de interinidad en Melilla (400 en total pero se desconoce la cifra exacta que se encuentra en fraude de ley) y lamentan que vayan a ser pocas las plazas que salgan a concurso público. «La ley dice que deben sacarse las que se encuentran desde el 1 de enero de 2016, ha manifestado el sindicalista Higinio Rodríguez.
De forma paralela, SATE-STES ha pedido que parte del baremo se adecúe a las circunstancias de Melilla, donde no han convocado diversas especialidades desde 2012, y así evitar que se pierdan plazas. «Esto tiene una base legal porque las pruebas de oposición no son exactamente iguales en todos los lugares. En la parte práctica puede haber en un sitio dos ejercicios y en otro tres, la ponderación entre teoría y práctica puede ser de 30% y 70%, otros sitios en 40-60%, por lo que no es lo mismo».
Asimismo, piden que si alguien renuncia a una plaza, esta no se pierda, sino que pase a otra persona que haya aprobado las oposiciones y cumpla con los requisitos solicitados.
Estas son las reclamaciones desde SATE-STES, sindicato que se ha concentrado en la mañana de este sábado frente a la Delegación del Gobierno para reclamar que se acabe con la temporalidad dentro del sector público. «Una normativa básica y de debido cumplimiento como es la Ley 20/21 del 18 de diciembre para la reducción de la temporalidad en el empleo público no puede tener consecuencias para los trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad tan desiguales», ha reclamado Rodríguez en la lectura del manifiesto.
SATE-STEs lamenta que la aplicación de esta norma no sea igualitaria y deje en la calle a varios interinos, mientras que otros sí verán su plaza fija. Por ello, piden que se oferten plazas de forma justa.
Además, desde el sindicato temen que serán los trabajadores los que paguen las consecuencias de no cumplir la ley, puesto que Europa podría imponer sanciones a España si no acaban con el abuso de la temporaliad y esto se pagaría desde las arcas públicas.
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