«Da la impresión de que el Gobierno de España no actúa con la debida firmeza y contundencia en defensa de los intereses de la soberanía nacional», así lo considera el diputado del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, tras recibir una segunda respuesta por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la construcción de una piscifactoría por parte de una empresa marroquí a 700 metros de las Islas Chafarinas.
Anteriormente, el gobierno central había comunicado que las competencias en acuicultura pertenecen a las comunidades autónomas, pero no es el caso de Melilla. Por ello, en esta segunda respuesta el gobierno rectifica y enmarca que «se ha llevado a cabo las correspondientes actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, reforzándose asimismo dichas actuaciones con una comunicación a Marruecos por los canales diplomáticos actuales».
Además de considerar que esta respuesta no es contundente, Otazu también resalta que si la instalación de esta piscifactoría no cumple con las normativas y no tiene autorización, España podría abrir un expediente de demolición al haberse construido en aguas españolas. «A juicio del Partido Popular, esta medida sería oportuna», asegura el diputado de la oposición.
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