La Senadora por el Partido Popular de Melilla, Sofía Acedo, ha defendido en el hemiciclo las enmiendas presentadas por su partido a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, los cuales ha considerado “inadecuados” para los retos que debe abordar la nación.
En ese sentido, la política melillense ha ido desglosando las 13 enmiendas a los PGE del grupo popular, comenzando por sendas modificaciones en materia de migraciones, con la petición del aumento de partidas para la asistencia y retorno de los españoles emigrados a terceros países, además de solicitar una revisión del sistema para la concesión de subvenciones para la atención humanitaria y de ayuda a inmigrantes, para pasar de la concesión nominativa a la concurrencia competitiva.
Por otra parte, también ha señalado la necesidad de crear un fondo para formación, de 10 millones de euros, con el que lograr una verdadera inclusión digital de las personas en situación de vulnerabilidad; así como la creación de otro fondo con 50 millones de euros para las comunidades autónomas y ayuntamientos que sufren una mayor presión migratoria.
En cuanto a lo que atañe a la Seguridad Social, han abogado por una partida de 50 millones para la inserción laboral de aquellas personas receptoras del Ingreso Mínimo Vital.
Por último, la dirigente popular ha hecho mención a dos enmiendas relativas a las ciudades autónomas, con la petición de una dotación de 500.000 euros para la bonificación a la Seguridad Social para los agentes y corredores de seguros, así como otra más de 2 millones de euros para favorecer la fidelización y atracción de profesionales sanitarios a los centros de atención primaria de ambas ciudades.
En ese sentido, la política melillense ha ido desglosando las 13 enmiendas a los PGE del grupo popular, comenzando por sendas modificaciones en materia de migraciones, con la petición del aumento de partidas para la asistencia y retorno de los españoles emigrados a terceros países, además de solicitar una revisión del sistema para la concesión de subvenciones para la atención humanitaria y de ayuda a inmigrantes, para pasar de la concesión nominativa a la concurrencia competitiva.
Por otra parte, también ha señalado la necesidad de crear un fondo para formación, de 10 millones de euros, con el que lograr una verdadera inclusión digital de las personas en situación de vulnerabilidad; así como la creación de otro fondo con 50 millones de euros para las comunidades autónomas y ayuntamientos que sufren una mayor presión migratoria.
En cuanto a lo que atañe a la Seguridad Social, han abogado por una partida de 50 millones para la inserción laboral de aquellas personas receptoras del Ingreso Mínimo Vital.
Por último, la dirigente popular ha hecho mención a dos enmiendas relativas a las ciudades autónomas, con la petición de una dotación de 500.000 euros para la bonificación a la Seguridad Social para los agentes y corredores de seguros, así como otra más de 2 millones de euros para favorecer la fidelización y atracción de profesionales sanitarios a los centros de atención primaria de ambas ciudades.
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