El Juzgado admite a trámite el recurso contencioso que presentó el PP contra la decisión de la Mesa de no nombrar a De Castro ‘diputado no adscrito’

El recurso contencioso administrativo que presentó el Partido Popular tras la decisión de la Mesa de la Asamblea de no otorgar al presidente de la Ciudad, Eduardo De Castro, la condición de diputado no adscrito ha sido admitida por el Juzgado de Melilla a trámite.

De este modo, el diputado popular, Daniel Conesa, explica que «entendíamos que esa expulsión de su grupo original y el haber obtenido solo una acta, estaba integrado en el grupo mixto y suponía la necesidad de que, en caso de no abandonar el acta, como así le pidió su propio grupo, debía pasar a la condición de diputado no adscrito, igual que está Jesús Delgado».

Conesa, como vicepresidente de la Mesa, señala que manifestó su voto favorable a que Eduardo De Castro debía adquirir la categoría de diputado no adscrito y, de esta manera, ponerse en marcha todo el mecanismo previsto en el reglamento de la Asamblea.

Pero a todo esto se opuso, según el popular, la vicepresidenta primera de la Mesa, Dunia Almansouri, que con su voto de calidad, ya que Eduardo De Castro no estaba presente, se decidió rechazar la petición del grupo popular de que De Castro adquiriera esa condición.

Es entonces cuando el Partido Popular anunció que iba a presentar, dentro de los plazos establecidos, el recurso contencioso administrativo contra esa decisión de la Mesa «de no declarar la condición de diputado no adscrito al presidente de la Ciudad» y, ahora, se ha continuado el trámite procesal.

De este modo, el Contencioso melillense ha llamado a todos los diputados y grupos políticos que forman la Asamblea a personarse en dependencias judiciales para tomar declaraciones y poder continuar, de esta manera, con el trámite.

Así pues, el diputado popular Daniel Conesa asegura que su grupo “está convencido de que Eduardo De Castro debe pasar a esa condición con las correspondientes consecuencias reglamentarias que esto conlleva”. Esto supondría que el actual presidente del ejecutivo local tuviese que cesar en el puesto de responsable del Gobierno. Una petición que Ciudadanos ya le solicitó cuando fue expulsado del partido.

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