Policía Nacional detiene a 4 personas, un empresario y tres de su confianza, por explotación laboral de ciudadanos extranjeros

El pasado día 26 de noviembre, miembros de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla procedieron a la detención de cuatro hombres de nacionalidad española: un empresario y tres personas de su confianza, como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.

El inicio de la investigación data del mes de junio, cuando un ciudadano marroquí en situación administrativa irregular, pone en conocimiento de las Autoridades que ha sufrido un grave accidente laboral mientras trabajaba ilegalmente para un empresario de la construcción, el cual coaccionó al denunciante para que no revelase la verdad acerca de su lesión cuando fuese preguntado durante su asistencia facultativa, desentendiéndose de su situación una vez hubo salido del hospital.

Fruto de dicha denuncia y gracias a las gestiones de investigación derivadas de la misma, se pudo saber que el empresario en cuestión empleaba de forma continua a trabajadores en diferentes obras, por lo que miembros la UCRIF en colaboración con personal de la Inspección de Trabajo de Melilla, consiguen identificar a cuatro víctimas en situación irregular, trabajando bajo la tutela de otro de los detenidos.

Con las declaraciones de las víctimas, se pudo determinar que el empresario detenido captaba a los trabajadores mediante un empleado de su confianza, de entre las personas que diariamente se dan cita en la rotonda de las Palmeras a la espera de ser empleados para la realización de trabajos de albañilería y menaje, e incluso internos del CETI, por lo que se procedió a la detención del citado captador.

Como medida de seguridad, el empresario aleccionaba a los trabajadores irregulares, para que diesen datos de filiación falsos, incluso los de su propio hijo, en caso de ser abordados durante su jornada laboral por las Autoridades policiales o de la Inspección de Trabajo, con  la finalidad de evitar las consecuencias dimanantes de tales contrataciones irregulares.

Las condiciones laborales impuestas a la víctimas comprendían horarios de lunes a viernes de más de diez horas, y el sábado de 08:00 h a 14:00 horas, sin mediar contrato de trabajo, adscripción a la Seguridad Social, ni ningún otro derecho reconocido legal y constitucionalmente en España, cobrando por ello la cantidad de 300€ mensuales.

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