La Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado esta semana por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, por el cual el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se va a incrementar en 15 euros mensuales, lo que lo sitúa en 965 euros. “Con esta subida del SMI avanzamos hacia un país con más justicia social, más oportunidades y más igualitario”, ha señalado.
La máxima representante del Gobierno de España en nuestra ciudad ha aplaudido esta iniciativa “porque subir los salarios de las personas no solo es una medida de protección social, sino que es una medida económica, que ayuda a las pequeñas rentas y redundan positivamente en la economía local, es decir, en nuestros comercios”.
Moh ha explicado que este aumento, fruto del acuerdo entre el Ejecutivo y sindicatos, se aplicará desde el 1 de septiembre de 2021. “Lejos de perjudicar la economía y el empleo, como desde determinados sectores nos quisieron hacer creer, subir el SMI ha supuesto reducir en dos puntos la brecha de género y mujeres y jóvenes ven mejorada su renta y el conjunto de la economía”, ha dejado claro.
“Frente a quienes en época de crisis se dedicaron a recortar derechos y salarios, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho lo contrario, ha aumentado los derechos y ha subido los salarios”, ha puesto en valor la Delegada del Gobierno.
Moh ha asegurado que con esta medida tenemos una muestra más del compromiso de este gobierno que sigue legislando para mejorar la vida de las personas.
La Delegada del Gobierno ha recordado que “en 2018, partíamos de un salario mínimo de 735 euros y en 2021, tras esta subida, se situará en 965. Estamos hablando de 230 euros de subida en sólo tres años, es decir un aumento de más del 31%”.
“Continuar avanzando en la subida del SMI no es sólo una cuestión de justicia social y de dignidad sino de indudable beneficio económico para el conjunto de la sociedad», ha apostillado.
Por ello, ha agregado, el objetivo del Gobierno es avanzar en la senda para que el SMI alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, como recomienda la Carta Social Europea.
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