Guelaya Ecologistas en Acción afirma que «coincide» con el informe de la UGR sobre los daños medioambientales que están generando las obras en la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Aguadú. Este documento, que fue remitido desde la Ciudad Autónoma, calcula que un 65% del territorio habría sido afectado por los trabajos de remodelación de la frontera y de una carretera de acceso.
Además, la organización ecologista también coincide con el informe en que se ha actuado «al dictado de personas absolutamente carentes de conocimientos ambientales, pues la única vegetación que han respetado han sido los pinos y las palmeras, por considerar que los árboles eran lo único importante, cuando en realidad era lo menos valioso de la flora de la ZEC».
El comunicado de Guelaya también apunta que coinciden «en el gran error que supone que para estabilizar un acantilado se arrase la vegetación natural que crecía en su base, cuyas profundas raíces sujetaban el terreno y constituían la mejor garantía de estabilidad del pie del acantilado ante eventos climatológicos adversos como las lluvias torrenciales, que son la principal causa de derrumbes en la zona».
Asimismo, Guelaya ha hecho hincapié en un estudio de la flora que realizó anteriormente la UGR con la participación de algunos miembros de la organización, con José Manuel Cabo, ex dirigente de Guelaya que falleció el año pasado, a la cabeza. «Y desde entonces hemos continuado trabajando por la conservación de la fauna y flora de este espacio natural como organización y en colaboración con otras asociaciones y entidades científicas .Casi la mitad de las plantas que tenemos ahora mismo en el vivero forestal de especies autóctonas han germinado a partir de semillas procedentes de este espacio, pues para nosotras era el principal reservorio botánico de la ciudad con diferencia», han manifestado en un comunicado.
En este sentido, Guelaya lamenta que su comunicación al Ministerio de Transición Ecológica «no haya surgido efecto», junto a las gestiones realizadas desde Medio Ambiente. «Solo queda un camino, que es el de la denuncia a las más altas instancias de Europa hasta que se pare está maldita obra y se depuren responsabilidades», así lo han comentado en el escrito al señalar que las obras que se están ejecutando son ilegales al no haber sido sometida a un proceso de evaluación ambiental.
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