CpM reitera su «preocupación» por los efectos de la nueva normativa de las bonificaciones a la Seguridad Social

Coalición por Melilla, a través de su diputado en la Asamblea de la ciudad Emilio Guerra, ha vuelto a mostrar su “preocupación” por los efectos que causará la entrada en vigor del RD Ley 1/2023 en lo que se refiere a las bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios melillenses.

La formación recuerda que trabaja en la elaboración de una moción que se habría de presentar en la Asamblea conjuntamente con el grupo Popular y el Mixto. Un texto pendiente de consensuar y cuyo contenido en líneas generales es pedir al Gobierno Central una mayor moratoria en la aplicación y, en su caso, la modificación del mismo, ya que se considera “muy perjudicial para la economía melillense”.

Guerra ha manifestado que después de muchas promesas y el tiempo que los empresarios llevan soportando condiciones “realmente adversas” desde diversas perspectivas, “ha llegado el momento de actuar y poner en marcha el mecanismo de la iniciativa legislativa que recoge nuestro Estatuto y regula el Reglamento de la Asamblea en sus artículos 81 y 82”.

“No vamos a aceptar otra cosa que no signifique el inicio de los trabajos de esa iniciativa porque ello supondrá llevarla al Congreso donde los partidos nacionales tendrán que demostrarnos qué grado de implicación tienen en algo que afecta al desarrollo económico de la ciudad”, apuntó.

Emilio Guerra dijo “no entender” cómo una norma de ese tipo no se consensuó antes con empresarios y afectados en general, salvo que se esté “ante actos perfectamente programados, cuyos objetivos deberían explicarnos, porque de inicio despliegan inseguridad jurídica, tendremos menos inversión privada y ello traerá más paro y pobreza”.

Finalmente, el cepemista considera que “es muy grave el grado de abandono y desamparo institucional en el que se encuentran nuestros empresarios y autónomos”, apuntando en ese sentido la reactivación de la desaparecida Cámara de Comercio o, en su lugar, que la Cámara de España asumiera sus funciones “para dar mayor cobertura y protección a un sector empresarial que, de tanto maltrato, va camino de desaparecer”.

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