El Partido Socialista de Melilla denuncia ante el Juzgado de Instrucción a la plataforma Transparencia Educativa en Melilla (TEM) por superar los límites de la libertad de expresión y generar odio hacia el colectivo de personas trans durante la concentración del pasado 25 de noviembre.
El secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Rafael Robles, indica que el manifiesto leído durante el acto no sólo plantea que las personas trans “no pueden” y “no quieren” tener hijos, o que “no le gustan los niños”, sino que niega su legitimidad para ejercer como docente en un centro público. Aún más grave es el hecho de que se llegara a insinuar que el colectivo pretende fomentar la “pederastia así sin más”.
Las graves manifestaciones incitan al rechazo al colectivo trans, superando los límites de la libertad de expresión y critica al sistema educativo, pretende fomentar que la sociedad dé la espalda no sólo a una actuación implantada en el seno del Ministerio de Educación, sino a la persona que la imparte por el mero hecho de ser transexual, a la que cataloga como persona insensible hacia la infancia de forma injustificada y sumamente injusta, lo que supone una manifiesta discriminación por razón de sexo.
Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio, según recoge el artículo 510 del Código Penal, en el que se menciona a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Desde el Partido Socialista defendemos la Educación como medio que fomente la convivencia de todo el alumnado, sin censurar ni segregar, ya que eliminar talleres y actividades como los criticados por la plataforma supone un atropello que impide frenar y combatir uno de los principales motivos de acoso escolar. “Resulta escalofriante el discurso transfóbico que hemos escuchado, que lo único que pretende es utilizar el pin parental para educar a nuestros niños y niñas al margen de la sociedad y trasladar las fobias de los padres y madres a los hijos. Por ello, acabar con la discriminación hacia las personas por cualquiera de sus circunstancias personales o vitales es una obligación de la Educación y la sociedad”, señala Robles.
Cualquier acto de censura en las aulas incumple la competencia sobre las decisiones curriculares que tiene atribuida por ley los centros educativos, llegando a violar el derecho a la educación de niños y niñas, es decir, el derecho de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral para el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
“Defendemos una educación de calidad en la que nuestros hijos e hijas reciban una plena educación en valores, respeto y derechos, formándoles así para un país y un mundo más tolerante en el que no se menosprecie a nadie. Con iniciativas y normativas como el `Pin Parental´, que no es más que un veto a la educación en valores democráticos, nuestros niños y niñas no serán instruidos en el respeto y la convivencia, no obtendrán valores de respeto y tolerancia, ni comprenderán el valor de la igualdad entre los seres humanos”.
Se el primero en comentar